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INSTITUTO DE ASESORÍA E INVESTIGACIÓN JURÍDICA RATIO IURIS

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Así como la sociedad actual vive en un estado de crisis, el Derecho penal en el Perú también vive un momento de crisis

Esta se caracteriza por la metamorfosis del Derecho convertido en un instrumento político en el cual se potencian razones de seguridad por encima de los derechos y libertades que se conciben como trabas.

Así, la orientación de la política criminal gira en torno a la eficacia, “lo que importa es que el sistema funcione” en su beneficio.

Con lo cual se ha configurado un Derecho Penal más autoritario que exacerba el poder punitivo del Estado, flexibiliza los principios y sobrecriminaliza.

Lo que se puede ver con suma claridad en la lucha contra el llamado “terrorismo”, aplicando el sistema legal antiterrorista como arma de guerra contrasubversiva, tanto en guerra como en no guerra.

Hoy, con esta nueva acusación fiscal, caso Exp. 85-2014, se introduce una nueva expansión en la definición del llamado delito de terrorismo buscando criminalizar la lucha política de los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo sin que existan hechos delictivos ni ley que convierta el derecho a la participación política de los marxistas en el Perú en delito a proscribir.

Denunciamos que son objeto de persecución en este caso los abogados de nuestra organización: Alfredo Crespo B., Carlos Gamero Quispe, Percy Mendoza Mateo, Carmen Hualla Muriel, Noemí Quispe Diaz y Madelein Valle Rivera; con todos y cada uno nos solidarizamos y exigimos se les devuelva su derecho de ejercer plenamente la defensa de sus patrocinados en este mismo proceso penal.

Por lo que rechazamos este nuevo juicio político arbitrario y sobrecriminalizador.

¡Defendamos el derecho de los marxista-leninista-maoístas, pensamiento Gonzalo a participar en la vida política del país!

28 de mayo de 2019

 

 


 

Lineamientos Programáticos

CIDH-Denuncia al Estado peruano

Compartimos la demanda de la

Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos

presentada ante la

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

porque somos parte del colectivo al cual se persigue y vulnera los derechos fundamentales.

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