¡RECHAZAMOS LAS RESOLUCIONES ABUSIVAS DEL JUEZ LITTMAN RAMIREZ DELGADO QUE PROLONGAN LA PRISION PREVENTIVA POR 18 MESES MÁS A LOS 35 PRESOS POLÍTICOS DEL CASO OLIMPO!

REPRODUCIMOS la publicación del Comité de familiares de los detenidos en el operativo Olimpo

¡RECHAZAMOS LAS RESOLUCIONES ABUSIVAS DEL JUEZ LITTMAN RAMIREZ DELGADO QUE PROLONGAN LA PRISION PREVENTIVA POR 18 MESES MÁS A LOS 35 PRESOS POLÍTICOS DEL CASO OLIMPO!

¡A nuestro pueblo y Opinión Pública en general!

Han pasado 18 meses desde que nuestros familiares fueron detenidos arbitraria e ilegalmente en el nefasto operativo Olimpo del 2 de diciembre del 2020, aquella vez detuvieron a 77 ciudadanos peruanos, de los cuales hoy 35 aún se encuentran en situación de prisión preventiva (27 en centros penitenciarios y 8 en prisión domiciliaria), que se cumplía este 2 de junio del 2022, sin embargo, el Ministerio Público solicitó la prolongación de prisión preventiva por 18 meses más mediante solicitudes con fechas 18 de abril y 10 de mayo del presente año.

El juzgado a cargo programó las audiencias de prolongación del 19 al 27 de mayo, notificando las resoluciones de las mismas el 27 de mayo, todas negando el que nuestros familiares detenidos enfrenten el proceso en libertad, asimismo, en un evidente acto abusivo, negó su libertad a enfermos graves, a personas de la tercera edad y otros que ven mermado su derecho a la presunción de inocencia, pues esta prolongación de la prisión preventiva no es más que una sentencia adelantada para escarmentar a aquellos que se atreven a tener opiniones discrepantes con las injustas políticas del Estado peruano que

  • en las últimas décadas ha demostrado ser un Estado que explota y encarcela a nuestro pueblo,
  • un Estado con grandes escándalos de corrupción y
  • que criminaliza las ideas,
  • que persigue y busca amordazar a aquellos que representan una amenaza frente a sus pretensiones de seguir explotando al pueblo de forma cada vez más intensa y desgarradora.

Manifestamos que la infame decisión del Juez Littman Ramírez Delgado negando las libertades de nuestros familiares representa un acto más de arbitrariedad dentro de un proceso velado por falta de garantías e irrespeto al debido proceso, presunción de inocencia y principio de legalidad.

Señalamos que mediante dichas resoluciones el Juez actuó en evidente pérdida de su imparcialidad, pues en su contenido manifiesta que una razón para prolongar la prisión preventiva en el marco del requisito de “especial dificultad” (para la realización de las diligencias de la investigación del proceso)  ha sido la “suspensión de actividades fiscales y administrativos por 785 días” a causa del COVID 19, lo que nunca alegó la fiscalía, en ninguna de las 27 audiencias realizadas, por lo que dicho argumento ha sido agregado por el Juez para corregir el insostenible pedido de la fiscalía.

Esto muestra que el Juez se ha extralimitado en su función, actuando en contubernio con la consigna de Estado de encarcelar a como de lugar a nuestros familiares, dejando en la indefensión a los detenidos pues su defensa no ha podido refutar dicho argumento ya que nunca fue alegado dentro de las audiencias pero si considerado y adicionado por el juez en la resolución que prolonga la prisión preventiva.

En la misma línea de pérdida de imparcialidad del Juez Littman Ramírez, este ha señalado que la aparición del COVID 19 representa una especial dificultad para justificar la prolongación (el código penal establece que debe haber especial dificultad para justificar una prolongación de prisión preventiva), señalando que la prisión preventiva se dictó antes del inicio de la pandemia justificando así que no se pudo prevenir, convirtiéndose así en una especial dificultad para la realización de las diligencias del proceso, lo cual es totalmente falso, pues el mandato de prisión preventiva se dictó a fines de enero e inicios de febrero del 2021 a casi un año del inicio de la pandemia (marzo 2020), y más bien, esta no fue impedimento para detener a 77 personas, hacinarlas en calabozos, mantenerlas ilegalmente por más de 3 meses en las instalaciones de la DIRCOTE contra todas las medidas de bioseguridad que ya había decretado el gobierno peruano por aquél entonces.

No fue impedimento detener a grupos vulnerables al COVID 19 como ancianos mayores de 60años, madre lactante, asmáticos, enfermos o post operados de cáncer, diabéticos, hipertensos, todos los procesados enfermaron de COVID, se puso en peligro su vida, pero ello no importó para encarcelarlos, no obstante el Juez Littman abusivamente si lo considera para justificar que el juzgado del señor Rafael Martínez, hoy procesado por corrupción, no haya realizado las diligencias de investigación parte del proceso, habiendo un lapso de 9 meses donde no se llevaron a cabo diligencias, no por responsabilidad de los procesados ni de sus abogados, sino por responsabilidad del juzgado que hoy abusivamente y tapando su responsabilidad justifica,  contra la realidad  y de forma indignante, que 35 ciudadanos peruanos sigan injustamente detenidos.

Y en el colmo del abuso y vergüenza para un juez a quien se le ha encargado administrar justicia, todas las resoluciones han sido un copia y pega, sin especificar la situación de cada procesado, a más de lo que alegó la defensa, no hay una evaluación individualizada del juez por cada procesado.

¡Vergüenza para quien siendo Juez usa sus atribuciones como órgano jurisdiccional en contra del espíritu con el que se le confió tamaña responsabilidad, que fue la de impartir justicia con imparcialidad y veracidad, gran falta a su encargatura!

Asimismo, el Juez Littman ha afirmado que subsiste el peligro procesal, sin embargo, la Sala Penal que vio las apelaciones a la prisión preventiva, en muchos casos afirmó que varios de nuestros familiares si cumplían con los arraigos (familiar, laboral y domiciliario) que exige la ley, a diferencia del juez Martínez que en primera instancia los negó, es decir, esto representó un cambio en el peligro procesal, por lo que dicha afirmación del juez Littman representa otra falta a la realidad material que favorece a nuestros familiares en la búsqueda de su libertad.

Esta entre otras “razones” son las que da el Juez Littman que fuerzan la realidad para justificar tamaño abuso al negar la libertad de los 35 detenidos.

Además, debemos recalcar, que lamentablemente el poder judicial, en evidente perdida de su imparcialidad ha actuado bajo la presiones de la policía política DIRCOTE y de fuerzas oscuras provenientes de los sectores más recalcitrantes de los grupos de poder, que días previos salieron a vanagloriarse de su afamada “lucha contra el terrorismo”.

Así tenemos que el mismo 27 de mayo el ex comandante general Vicente Tiburcio declaraba en la comisión de fiscalización del Congreso, cuyo presidente es el señor Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular,  que desde 2019 ha venido haciendo “lucha denodada” contra “pensamientos antidemocráticos”, habiéndose dado la detención de mas de 90 personas por el año 2020 y que a raíz de ello no se ven banderolas con “pensamientos extremos”.

¿Acaso estas declaraciones no son para presionar a un juez que estaba a puertas de resolver sobre la libertad de aquellos que fueron detenidos en ese nefasto operativo del cual el Comandante Tiburcio se ha vanagloriado?.

Asimismo, precisamos que en todo momento el mismo ex comandante general reconoce que han encarcelado a personas por su pensamiento, que para él son antidemocráticos, así podemos corroborar que no ha habido ningún hecho o acto concreto de terrorismo, evidenciándose así, que en nuestro país se persiguen pensamientos, ideas, ya no es necesario conductas exteriorizadas  y tipificadas como delito, como señala el código penal, sino que basta pensar para ser considerado “terrorista”.

Así vemos la nefasta campaña de terruqueo, anticomunista, financiada por organizaciones realmente antidemocráticas para que así se prolongue el estado actual de las cosas, que es de crisis general, donde los ricos y poderosos no padecen, sino que se enriquecen más y donde el pueblo, los más pobres, sufren los agravios de una sociedad podrida de explotación y represión hasta el tuétano.

Además, ese mismo 27 de mayo, el magistrado Octavio Salhuanay Calcin, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaraba ante la prensa la llamada “descargatón del poder judicial”, que inició a la media noche de ese mismo día, debido a la abundante carga del poder judicial, sin embargo, esto se da frente al gran desprestigio del aparato de justicia estatal que buscaba legitimarse ante la sociedad, señalando que “empezaban descargando un caso emblemático, el caso olimpo, de numerosa cantidad de procesados”, a modo de mostrar ante la opinión pública su alineamiento con la persecución por ideas.

Por todo lo anterior, denunciamos ante la opinión pública el gran atropello a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de nuestros familiares injustamente detenidos, evidente inobservancia del derecho penal garantista y fiel aplicación del derecho penal del enemigo con evidente persecución por ideas; cuestión muy peligrosa que advertimos a la sociedad peruana en general.

Asimismo, advertimos que nuestra organización de familiares viene siendo criminalizada, pues ha sido considerada, en un informe secreto de inteligencia propalado por medios de prensa, como organización terrorista, por lo que responsabilizamos a la DIRCOTE, al Ministerio Público, Poder Judicial y al Estado peruano por posibles atentados contra nuestra libertad e integridad.

¡Los familiares de los detenidos en el operativo olimpo no somos terroristas!

¡Persistiremos en la lucha por la libertad de nuestros familiares!

Llamamos a las distintas organizaciones sociales y personajes democráticos, a unirse en nuestra lucha por la libertad de nuestros familiares, así como a manifestarse en contra de la persecución política por ideas, exigiendo el cese de esta política de odio, de terruqueo, que daña a nuestra sociedad y entraba nuestro desarrollo como nación.

¡LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS EN EL OPERATIVO OLIMPO!

¡CONTRA LA ARBITRARIA PROLONGACIÓN DE PRISION PREVENTIVA Y ARRESTO DOMICILIARIO DE NUESTROS FAMILIARES!

¡ABAJO LA APLICACIÓN EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN NUESTRO PAÍS!

¡CONTRA LA PERSECUCION POLITICA POR IDEAS!

¡LOS PRESOS POLÍTICOS DEL CASO OLIMPO NO HAN COMETIDO DELITO!

¡LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS EN EL OPERATIVO OLIMPO NO SOMOS TERRRORISTAS, ES NUESTRO DERECHO LUCHAR POR SUS LIBERTADES!

 

30 de mayo del 2022

Comité de familiares de los detenidos en el operativo olimpo


 

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¡PRISIONERAS - OS! ¡LIBERTAD!

¡NO A LA PRISIÓN PREVENTIVA!

¡LIBERTAD A TODOS LOS DETENIDOS DEL OPERATIVO OLIMPO!

¡PENSAR DIFERENTE NO ES DELITO!

Desde el 2018 venimos denunciando el intento de encarcelar al MOVADEF y este 2 de diciembre la policía política del Estado peruano, lo ha ejecutado.

Se trata pues de la reacionarización de la sociedad peruana donde para mantener su explotación capitalista niegan derechos laborales, educativos, de salud y entre otros, la libertad de organizarse y luchar contra ese orden de cosas.


 

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Coronavirus en el pueblo peruano

 

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Análisis del Régimen Económico

Frente al neoliberalismo explotador de nuestro pueblo y de nuestras riquezas, su implantación en nuestro país, la relación con la política imperialista.

Síntesis de nuestras propuestas:

  • Fijar una matriz energética que nos permita un mayor proceso de electrificación. Plantear como necesidad nacional la industrialización de minerales estratégicos, que sirva tanto a la industria y la agricultura.
  • Promover la industria nacional, priorizando la industria pesada y semipesada, estableciendo cadenas productivas a lo largo del país.
  • Llevar a cabo la tecnificación y promoción de la agricultura en todo el país.
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Análisis Régimen Laboral - Debate

Análisis del Régimen Laboral

La política neoliberal aplicada en el Perú desde hace casi 30 años,

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proceso de negación de derechos laborales del pueblo.

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Por Reconciliación Nacional