LEY CAPS, LEY DE LA ULTRADERECHA PARA CONFRONTAR PUEBLO CONTRA PUEBLO

La reciente ley aprobada por el Congreso que otorga nuevas facultades a los comités de autodefensa, si bien no solo fue aprobada por los votos de la ultraderecha, es una ley promovida por ellos desde el 2020.

Es una acción más promovida dentro de ese plan que van plasmando para tener el total control del Estado y eliminar toda forma de oposición a su neoliberalismo a ultranza, especialmente desaparecer a posiciones de izquierda.

Esta vez se trata de fortalecer su respaldo en las masas usando las organizaciones creadas en los noventa como parte de su guerra antisubversiva, donde aplicaron la estrategia de contraponer pueblo contra pueblo.

Hoy, usando la fabricación de un riesgo inexistente como es el por ellos denominado “peligro terrorista de sendero luminoso” y por el otro, apelando a la lucha de la inseguridad ciudadana, han otorgado legalmente la facultad que las CAPS usen armas y sean parte de la estructura de las Fuerzas Armadas.

Años atrás, organizaciones populares se manifestaron en contra del entonces proyecto de Ley, cuestionando el papel que cumplirían las CAPS.

“Estos congresistas desconocen que los pueblos indígenas tenemos derechos colectivos y no solo individuales.

¿A quién van a proteger estos comités de autodefensa?

Y eso es la incógnita, ¿van a proteger al narcotraficante o los que violan derechos humanos?

Acuérdense que la Comisión de la Verdad en su informe presentó que estos comités cometieron excesos y fue creado por el fujimorismo en los años 90, y buscan fortalecer eso, amenazarnos, amedrentarnos.

Promueven una guerra interna, y nosotros exigimos paz”, sentenció Melanie Canales de Onamiap ya en el año 2021, cuando se intentaba aprobarla en el Congreso, pero fue frenada por la protesta de organizaciones comunales.

Mucho más expresivo y claro fue lo que denunciarion en el 2021, un conjunto de organizaciones populares:

Rechazamos esta Ley que regula y financia a los Comités de Autodefensa como grupos paramilitares armados en las Comunidades Campesinas y Nativas y Centro Poblados Rurales para, supuestamente, “combatir el terrorismo, narcotráfico y delitos vinculados a la inseguridad ciudadana”, con estas ventajas inconstitucionales:

• personería jurídica y asesoría de la SUNARP para su inscripción;

• armas entregadas por el Estado y particulares;

• acceso a fondos y subvenciones del Estado y de particulares; y

• asesoría jurídica gratuita si son denunciados por violar derechos humanos.

3. Exigimos al presidente de la República, Francisco Sagasti, que observe esta Ley y no la promulgue porque crea las condiciones para una nueva violencia armada interna, orientada a perseguir pueblos, organizaciones que no aceptan megaproyectos extractivos, y a cualquier opositor político, calificándonos de “terroristas”.

Rechazamos la aprobación de La ley 31494, ley de la ultraderecha que da vida al paramilitarismo contra los sectores populares en lucha por sus derechos fundamentales.

Rechazamos el continuo uso de la “lucha antisubversiva” para contraponer pueblo contra pueblo y legitimar vilmente y a costa de la sangre del pueblo, sus planes de mayor control del Estado al servicio de los intereses capitalistas.

¡Basta de violencia estatal contra el pueblo!