SOBRE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Una vez más la grita desaforada es la respuesta a nuestra participación en el 171 periodo de Sesión de la CIDH.

Cuando la Constitución Peruana ampara nuestro derecho a recurrir a instancias internacionales para defendernos, desde el seno del gobierno que se ufana de ser "democrático”, voces ultraderechistas instan a la CIDH que impida nuestro derecho a la defensa, así mismo pretenden se extienda hacia el exterior la negación de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión, opinión y de pensamiento, con lo que, una vez más confirman la existencia de la persecución política contra nuestra organización y se corrobora la inexistencia de la “democracia”, pues no puede haber democracia sin pluralismo político, con intolerancia, más cuando todos somos testigos que el Estado peruano se sigue mostrando incapaz de resolver las básicas necesidades de las amplias masas populares.

En respuesta al pronunciamiento de la Cancillería, nuestra organización a través de nuestro Secretario General ha remitido una Carta Abierta a la CIDH, la que ponemos en conocimiento de nuestro querido pueblo y de la opinión pública en general.

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MOVIMIENTO POR AMNISTÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

(MOVADEF)

Lima-Perú, 19 de marzo de 2019

Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA:

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted muy respetuosamente para manifestar nuestra más enérgica posición de rechazo a la nota de protesta de fecha catorce del mes en curso que le ha hecho llegar el Estado Peruano a raíz de nuestra participación, junto a otras organizaciones en el 171° período de sesiones de la CIDH que usted representa realizado a mediados del mes de febrero último en la ciudad de Sucre-Bolivia, dejando en claro lo siguiente:

1.- Reafirmamos nuestro derecho establecido en el artículo 205° de la Constitución Política del Perú a recurrir a los organismos internacionales, como el suyo para denunciar la violación de nuestros derechos fundamentales por parte del Estado peruano pues, no existe en nuestro país el debido proceso y por ende las garantías necesarias para su protección. Situación contemplada en el acápite a) del inciso 2. del Artículo 46° de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado Internacional que el Estado Peruano ha suscrito y se encuentra por tanto obligado a respetar y cumplir, siendo totalmente ilegal y arbitrario que en su nota de protesta reclame el que no se hayan interrumpido nuestras intervenciones realizadas desde nuestra posición ideológica, lo cual conforme al dicho: “a confesión de parte relevo de prueba” no hace sino confirmar la persecución política del gobierno peruano contra nuestra organización y que venimos denunciando a nivel internacional.

2.- Rechazamos que el gobierno peruano a fin de justificar su nota de protesta enviada a ustedes afirme tendenciosamente que existe una vinculación de nuestro movimiento con el Partido Comunista del Perú (PCP) al que llama “Sendero Luminoso”, lo cual es totalmente falso y afirmamos; son dos organizaciones políticas distintas, el PCP que en la década del 80 dirigió un proceso subversivo contra el Estado Peruano cuyo objetivo era la conquista del poder político, el mismo que fue calificado oficialmente como “terrorismo” y que terminó hace 26 años y por otro lado nosotros, el Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) constituido dentro del marco legal constitucional del Estado peruano hace más de nueve años de conformidad con los incisos 13 y 17 del artículo 2º de la constitución para defender los derechos fundamentales del pueblo y participar en elecciones en función de propugnar una solución política a los problemas derivados de la guerra interna que vivió nuestro país mediante una amnistía general para civiles, policías y militares que sirva a una reconciliación nacional. Dejamos constancia que desde nuestra creación nunca hemos realizado ningún acto de violencia contra ninguna persona ni organización civil ni estatal pero no obstante nuestros dirigentes y activistas son perseguidos, enjuiciados y encarcelados por el único “delito” de defender consecuentemente los derechos del pueblo.

3.- En su nota de protesta dirigida a ustedes el Estado peruano miente descaradamente cuando afirma que nosotros hemos aprovechado nuestras intervenciones en el foro de la CIDH para “hacer apología del terrorismo” lo cual es totalmente falso y rechazamos pues, como a ustedes les consta, así como en otras sesiones de la CIDH sólo nos hemos limitado a denunciar las violaciones de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana De Derechos Humanos de la OEA.

DEBE QUEDAR CLARO QUE, NO ES “HACER APOLOGÍA DE TERRORISMO”

- DENUNCIAR que 25 años después de acabado el conflicto interno en nuestro país, el gobierno peruano persiste en tratar a sus ciudadanos bajo un sistema de excepción propio de una guerra.

- DENUNCIAR que en el Perú se ha establecido una política supuestamente antiterrorista que viola los derechos fundamentales de las personas y en particular de prisioneros, ex prisioneros, familiares, abogados o simpatizantes de los movilizados en la década de los 80.

- DENUNCIAR que en el caso de los prisioneros, al margen de que se les ha impuesto larguísimas penas que ya van por encima de los 25 años sin ningún beneficio, al cabo de que cumplen sus condenas, se les abre nuevos procesos y se les imponen penas desmesuradas. Los prisioneros que quedan en el Perú son personas de la tercera edad como el caso del Dr. Abimael Guzmán que ya tiene 84 años y junto con otros prisioneros políticos se los mantiene en un grave y prolongado aislamiento en una forma que las Naciones Unidas ha catalogado como inaceptable y equivalente a la tortura.

- DENUNCIAR que en el Perú la justicia se ha instrumentalizado reduciéndola a simple arma de represión y persecución política. A los abogados que han defendido a estos prisioneros se los ha perseguido mediante procesos disciplinarios y sanciones internas del colegio de abogados de tal manera que se les impide ejercer la defensa.

- DENUNCIAR que en el Perú a los excarcelados y a los que ya han cumplido con sus penas, se les prohíbe trabajar. El contraste entre lo que debe buscar el derecho penal –la reinserción del individuo a la sociedad luego de que paga su deuda con ésta – y lo que sucede realmente, es abismal, pues lo que se está haciendo es violar la Constitución del Perú.

- DENUNCIAR que en el Perú se viene imponiendo el derecho penal del enemigo y se aplican leyes como la de la Apología, que criminaliza la simple opinión política o la libre expresión, catalogando toda forma de pensamiento que no sea el oficial como delito reprimible con drásticas penas de encarcelamiento. En este momento hay cientos de investigaciones criminales por la simple expresión de ideas o de intento de defensa de los presos políticos. Las leyes prohíben trabajar a los profesores en tanto que a todos los excarcelados se les prohíbe participar en las elecciones como candidatos o como miembros de partidos políticos. Se ha establecido un régimen de proscripción total del ser humano.

- DENUNCIAR que en Perú la calificación de terrorista, que en Perú se llama “el terruqueo” se aplica no solamente al grupo movilizado sino también para criminalizar la protesta social. Los maestros que hacen huelga, los estudiantes que protestan, los campesinos y mineros que luchan contra la contaminación ambiental y muchos otros movimientos sociales, son sencillamente catalogados como terroristas. La simple expresión de que lo que hubo fue una guerra civil, es considerado terrorismo y perseguido penalmente por la formalidad del Estado peruano.

- DENUNCIAR que en el Perú luego de un largo peregrinar de los familiares de los asesinados en el penal del Frontón y de que incluso se detuviera a varios de ellos, treinta años después de los hechos las autoridades entregaron 8 cuerpos que les dieron sepultura en unos nichos construidos en el distrito de Comas. Al poco tiempo, valiéndose de una ley inconstitucional, las autoridades hicieron demoler estos nichos y no permitieron que los familiares estuvieran en la exhumación. Los asesinados en el Frontón no tenían sentencia y ni siquiera bajo el “Terruqueo” podían ser estigmatizados como terroristas. No se ha permitido a los familiares ni siquiera el consuelo de una sepultura digna y el Estado continúa asesinando a los peruanos después de muertos.-

- DENUNCIAR que en el Perú mientras tanto, los problemas que dieron lugar a la guerra interna siguen vigentes y no se hace nada para superarlos. La pobreza extrema, la corrupción y la exclusión social de las grandes mayorías son problemas que el Estado enfrenta persiguiendo, reprimiendo y encarcelando a un supuesto terrorismo que lleva décadas desaparecido, tanto como los cuerpos de las víctimas del genocidio que empleó para erradicarlo.

4.- Consideramos que las denuncias que preceden tampoco pueden ser consideradas como discursos contrarios a la paz social, la democracia y el estado de derecho, como irresponsablemente se afirma en la nota de protesta dirigida a ustedes por el Estado peruano.

5.- Finalmente condenamos la hipocresía y el cinismo del que hace gala el Estado Peruano cuando en su nota de protesta enviada a ustedes les insta a “tomar las medidas necesarias para continuar fomentando espacios de diálogo libre con organizaciones de la sociedad civil” mientras que les reclama el no haber interrumpido nuestras intervenciones y es más al decir en su nota que dichos espacios no sean aprovechados para difundir los que considera discursos contrarios a la paz social, la democracia y el estado de derecho, lo que pretende es extender a nivel internacional la negación de nuestro derecho a la libertad de expresión, opinión y libertad de pensamiento y que en el futuro no se nos permita participar en las sesiones de la CIDH negando así nuestro derecho de defensa, lo cual no hace sino confirmar y prueba la política de odio, venganza y persecución que el Estado peruano desenvuelve contra nosotros y la extiende al pueblo totalmente contraria a la necesidad de una reconciliación nacional ad portas al Bicentenario de la Independencia de nuestro país a conmemorarse el año 2021.

Esperando que la presente merezca la atención que corresponde, nos suscribimos.

Muy atentamente

Alfredo V. Crespo Bragayrac

Secretario General

MOVADEF