¡BASTA DE PERSECUCION!
Vulneración de la soberanía nacional
La nueva política anti-terrorista se adhiere a las políticas implementadas por EE.UU. después del 11 de setiembre del 2001, política que le sirvió al imperialismo para invadir y destruir naciones enteras, en Irak, Afganistán, Siria, y que en la actualidad diversos países la adoptan como arma para reprimir al pueblo, tal como lo vemos en Chile, donde califican a las protestas como “terrorismo” y se llama a una represión desmedida.
El VRAEM muestra de manera palpable la dependencia del Perú del Imperialismo Yankee. ¿Cómo resuelve el Estado este problema? Centrando en la erradicación de la hoja de coca, criminalizando a los cocaleros, y militarizando la región, decretando un Estado de emergencia permanente., ¿ha tenido algún éxito? Ninguno.
Esta política de “erradicación” tiene un paralelo con el Plan Colombia, que permitió la entrada de EE.UU., bajo el slogan “combatir el narcotráfico”, estableciendo 7 bases militares. En la actualidad en Colombia se cuestiona esa política, pero acá en Perú se le aplica cada vez más.
El gobierno habla de establecer “gobernanza” en la selva, pero no se refiere a planes de desarrollo, sólo habla de erradicación y militarización, y a estas “tareas” destina la mayor parte del presupuesto. ¿y la lucha del pueblo? Criminalizada. En consecuencia, la política anti-terrorista lejos de “defender la soberanía nacional”, la vulnera y lleva a mayor sometimiento al imperialismo.
Negación de derechos fundamentales
En el DS-023-2019 se afirma que el Estado ha sostenido una “lucha frontal” contra el “terrorismo y sus manifestaciones”, por lo que ha ido implementando un conjunto de leyes para “combatir el terrorismo”.
Así tenemos: Ley 30610 de apología el terrorismo, ley 30795, que impide trabajar en el sector público a aquellos que hayan tenido sentencias por terrorismo, Ley 29988, que prohíbe laborar en instituciones educativas a aquellos que hayan sido condenados o tengan investigación por terrorismo, y otras más.
Son leyes implementadas en estos últimos años que lejos de servir a “defender el Estado de derecho” lo han vulnerado sistemáticamente, vulneran el derecho al trabajo, el derecho a pensar diferente, el derecho a organizarse, y hasta el derecho a tener una sepultura.
Socapa de la llamada lucha contra el terrorismo el Estado peruano anula derechos ciudadanos y trata a peruanos como “no ciudadanos”, como “no personas” sujetos de derecho, como “antiguos enemigos”, “enemigos actuales”, y “enemigos potenciales”. En el caso de los que ya cumplieron su condena ¿no hay acaso derecho a la reincorporación a la sociedad? ¿acaso son legales las condenas eternas?
El “riesgo del terrorismo”
Si las premisas del Plan nacional antiterrorista de defensa de la persona y la nación son falsas, ¿para que se aplican? Para legalizar la persecución política.
Hoy arguyen que “El fenómeno terrorista es un problema público de máxima relevancia en el pasado y en el presente”, para justificar la persecución y criminalización,, pues nada es casual pero no presentan pruebas, a lo más dicen; “Aun cuando las actividades se han reducido significativamente, estas persisten con características que remiten al pasado de violencia como también bajo nuevas manifestaciones”.
Con una justificación endeble, generan un escenario de riesgo y en aplicación del Derecho Penal de Enemigo, criminalizan la lucha política de los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento Gonzalo, planteando: “En el plano político e ideológico, antiguos integrantes excarcelados de dicha organización terrorista junto con nuevos miembros más jóvenes y organizados bajo nuevos membretes, principalmente en espacios universitarios y sindicales, continúan reivindicando el “pensamiento gonzalo” como guía para la generación de cambios profundos de la sociedad”, “reportes oficiales dan cuenta de la existencia de individuos y organizaciones que se adhieren a la ideología de signo marxista, leninista y maoísta…”, entre otros dichos, buscando además forzar el juicio y sentencia de la Farsa de Juicio “Perseo”, farsa en la que aún no llegan a un acuerdo jueces y fiscales.
Se niega todo derecho, buscando proscribir y encarcelar, así recientemente se ha montado una nueva campaña mediática contra el MOVADEF bajo el falso y manoseado “argumento” de ser “brazo político de Sendero Luminoso”, con un pasquín como vocero de la DIRCOTE, buscando intimidar a los firmantes de la Acción de inconstitucionalidad contra un conjunto de leyes que vulneran la Constitución Política del Perú, siendo un acto absolutamente lícito y legal, este mismo vocero policiaco en el contexto electoral con el titular “Sendero Luminoso inicia campaña para que electores vicien su voto en el próximo proceso electoral” y “El Movadef se mete en elecciones”, propagandiza la arbitraria detención jóvenes y trabajadores hijos del pueblo, recluidos ilegalmente en la DIRCOTE, yendo contra el Estado de derecho, negándoles su derecho político de participar en las elecciones colisionando flagrantemente con la CPP que ampara la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento.
A lo anterior se suma la persecución contra las luchas populares, hoy no sólo hay judicialización de la política, sino también la politización de la “justicia”, los procesos penales se fabrican y resuelven, por mandato o decisión política, antes que, por aplicación irrestricta de las leyes, la Constitución, el Código Penal y el respeto al principio de legalidad.
No es casualidad que en el reciente proceso electoral, personas considerados como “radicales” hayan sido proscritos del proceso electoral judicialmente.
Su llamada “defensa del Estado de derecho” se convierte en su defensa del sistema capitalista, y para ello pisotean sus propias leyes, vulnerando derechos fundamentales, políticos, sociales y la propia soberanía nacional.
PLAN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
¡¡ABOLICIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO NEOLIBERAL!!
LA CRISIS EN CHILE - NEOLIBERALISMO
CRISIS EN CHILE - CRISIS CAPITALISTA
ELECCIONES - PUEBLO EXPRESA RECHAZO
CRISIS ECONOMICA MUNDIAL - SE ACERCA